Uno de los cometidos inmediatos que se trazaron las fuerzas interventoras norteamericanas en 1916, para la instauración de un nuevo orden político en nuestro país, lo representó la disolución del Estado tradicional dominicano, que se había revelado incapaz de instituir un poder fuertemente centralizado. Este proceso implicó el desarme general de la población, mediante el cual se confiscaron 9,337 fusiles y 25,760 revólveres y la reconstitución de las fuerzas armadas dominicanas, principal aparato coercitivo del Estado, cuyo lugar pasó a ser ocupado por los infantes de marina. Este proceso iniciado en la República Dominicana formaba parte de la estrategia estadounidense orientada a la despolitización de los ejércitos de los países centroamericanos y caribeños.
En el seno del Gobierno militar que rigió nuestro país (1916 -1924) se planteó el dilema de constituir un ejército o un cuerpo policial, aceptándose sólo a medias esta última alternativa. En abril de 1917, el Gobierno interventor destinó la suma de $500,000 para la conformación de una fuerza de policía dominicana, pues según el razonamiento de Harry S. Knapp, Gobernador militar, la República Dominicana no tenía necesidad de disponer de un ejército ya que además de carecer de capacidad económica no existía ninguna amenaza desde el exterior.
Al decir de Bruce Calder, historiador estadounidense, el paradigma para la constitución de esta fuerza eran las milicias estatales existentes en los Estados Unidos, las cuales tenían un perfil policíaco más que militar, es decir, se trataba de crear una fuerza policial disciplinada para ser distribuida en pequeñas unidades en distintas partes del país y así evitar que fueran controladas por un potencial dictador.
A la Guardia Nacional le asignaron múltiples funciones: hacer cumplir las leyes civiles, actuar como policía judicial, vigilar la frontera y la costa, patrullar las carreteras y combatir a los insurgentes. Esta nueva fuerza, supuesta a tener desempeños esencialmente policiales, ejecutó principalmente funciones militares.
Sin embargo, mediante una Orden Ejecutiva emitida por el Gobierno interventor los actos delictivos cometidos por los miembros de la Guardia Nacional dominicana fueron sustraídos de la acción de la justicia ordinaria, razón por la cual éstos se entregaron con desenfreno a la perpetración de todo género de tropelías. Por esta razón, cuando en 1920 acusaron al segundo teniente Rafael Leonidas Trujillo de violar reiteradas veces a la niña Isabel Guzmán en los Llanos, San Pedro de Macorís y de extorsión, por exigir dinero a las gavilleros que apresaba como condición para liberarlos, fue sometido a una corte marcial y no a la justicia ordinaria.
En una carta dirigida por el Procurador General de la Corte de Apelación de Santiago, Agustín Acevedo, al Jefe del Departamento Norte de la Guardia Republicana, contenida en los legajos de Interior y Policía, Gobernación de Santiago (1920), del Archivo General de la Nación, denunció numerosos vandálicos de la Guardia.
En primer lugar, el Procurador reveló que los robos que alarmaron a la ciudad de Santiago en los primeros meses de 1920 fueron obra de la Guardia, lo cual se pudo comprobar con la captura in fraganti del ex soldado Abelardo Lantigua por la Policía Municipal, quien había desertado a consecuencia de las investigaciones que se realizaban por otros robos en que éste había confesado su participación, junto a otro agente de la Guardia de apellido Toribio. Cuando Lantigua era interrogado en la Comisaría otro guardia trató de golpearlo para impedir que confesara.
El procurador Acevedo resalta el contubernio entre los guardias y los reclusos. A estos últimos se les permitía pedir por las calles para luego repartirse las limosnas.
El 22 de mayo de 1922, J. Antonio Hungría, comerciante de Santiago, cuyo negocio se hallaba ubicado en la calle El Sol número 10, le declaró al Procurador que en más de veinte ocasiones habían acudido a su establecimiento comercial a solicitar donativos presos conducidos por elementos de la Guardia Nacional uniformados y armados. Hungría aclara que luego de indagar con el capitán Valdez si los reos disponían de ración alimenticia no continuó entregando dinero y que le informó de las dádivas que entregaba el Alcalde de la cárcel, el Sr. Bruno Iglesias, quien, indignado, lo convidó a pasar al recinto para ver si lograba identificar algunos de ellos. Idéntica denuncia realizaron los comerciantes Abraham Tallaj y Augusto Penzo. De igual modo, el fiscal de Santiago pudo sorprender a dos guardias de la Compañía 14 mientras le pedían dinero a un árabe de apellido Acra. Sólo cuando los presos eran conducidos por los miembros de la Policía Municipal o el Alcalde se abstenían de pedir.
Pero el servicio que dispensaban los guardias a los reclusos, siempre de acuerdo con el documento del Procurador Acevedo era horrible: golpeaban salvajemente a los reclusos, sacaban por las noches de la cárcel a los presos vestidos con ropa militar, llegando en estado de embriaguez en horas de la madrugada, practicaban juegos de azar con los reos, violaban a las mujeres, etc. El Fiscal sorprendió a un guardia apodado Chipa haciendo uso de una de las reclusas, no siendo éste el único caso.
Pero además, dice el Procurador Acevedo, quienes se arriesgaban a denunciar los abusos de la Guardia quedaban expuestos a ser víctimas en lugar de obtener alguna reparación. En otros casos, los oficiales o clases se empeñaban en encubrir o de justificar actos censurables cometidos por los guardias. En el caso de la investigación en torno al hurto de un reloj, por ejemplo, los oficiales de la Guardia manifestaron interés en desviar la misma queriendo explicar la procedencia del artefacto.
El Procurador entendía que la Guardia Nacional no respondía a los fines para los cuales fue creada en tanto su personal no fue “convenientemente seleccionado” pues en ella se admitieron “condenados por estafa, homicidio y robo y a veces acabados de salir de la cárcel”. Para conferirle fundamento a su aseveración expone los casos de César Velásquez Calaf, quien había condenado por estafa y luego de cumplir su condena fue enganchado; lo mismo aconteció con Idelfonso Lantigua, condenado por homicidio, enganchado y dado de baja a los pocos por haber quedado demente y Francisco Corniel que había sido condenado por robo.
La matriz de las inflexiones en que incurrió la Guardia Nacional, denominada posteriormente Policía Nacional Dominicana, radicó en las anomalías en que incurrieron los infantes de marina en el proceso de reclutamiento de efectivos, donde al parecer importaba más la cantidad que la calidad.
Los integrantes de la Guardia nacional eran analfabetos e indisciplinados, recibieron un precario entrenamiento y contaban con escasos suministros. A esto se adiciona la integración de antiguos miembros de la Guardia Republicana, habituados a despojar de sus bienes a la población civil. La actuación de la Guardia Nacional fue un verdadero epítome de robos, crímenes, violaciones, asaltos, despojos así como vulneración de sus propios reglamentos, lo que motivó su reestructuración en 1922.
