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Inicio Historia Contemporánea DR. ROBERTO CASSÁ: "MOVIMIENTOS SOCIALES DURANTE LA INTERVENCIÓN MILITAR NORTEAMERICANA EN REPÚBLICA DOMINICANA"

DR. ROBERTO CASSÁ: "MOVIMIENTOS SOCIALES DURANTE LA INTERVENCIÓN MILITAR NORTEAMERICANA EN REPÚBLICA DOMINICANA"

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(Tomado de la revista ECOS, No- 8, de 1998). Introducción: Durante la primer intervención militar de Estado Unidos en República Dominicana, entre 1916 y 1924, fue característico que se activaran movimientos sociales que expresaban variantes de la resistencia al programa de los ocupantes.  En lo fundamental estos movimientos existían desde los años previos al establecimiento del gobierno militar, pero a partir de este tomaron una dimensión significativamente mayor y adquirieron nuevos matices. Por ello, los ocho años que duró la ocupación se caracterizaron por la intensidad de los movimientos sociales, lo que se puede atribuir a la combinación de los elementos subjetivos que introducía el dominio extranjero con el rechazo a la culminación de los programas de modernización que venían siendo esbozados en el seno del Estado Dominicano desde décadas anteriores. 

 

A partir de 1879, cuando los liberales se hicieron del control del gobierno, todas las administraciones tuvieron por propósito central aupar una modernización al estilo de la existente en los países centrales, logrando tan solo impulsar elementos parciales. Vinculado a ello se encontró el carácter atrasado del polo capitalista que emergió en esos años alrededor de la industria azucarera. Esta situación provocó una dialéctica tensa entre exigencias de modernización y la persistencia arraigada de formas de vida tradicionales, entre los ímpetus centralizadores y “civilizadores” del estado y la imposibilidad para hacerlos efectivos en todos los espacios de la sociedad. Por encima del objetivo de implantación de un sistema democrático, el gobierno no tenía otro modo de funcionamiento que no fuera la dictadura, único medio de controlar la oposición de diversos agentes, que se expresaba en insurrecciones de caudillos.

A pesar de este contratiempo, la aparición de relaciones capitalistas impulsaba tendencias básicas de modernización, pero sin llegar a contravenir la recreación de relaciones precapitalistas. Con la subsiguiente fortaleza de agentes sociales tradicionales. Tal resultante de modernización parcial —juzgada frustratoria por burócratas e intelectuales— daba lugar a la vigencia de fórmulas de acción social premodernas. Desde el momento en que seguía siendo factible escapar a la proletarización, la resistencia a la modernización capitalista no alcanzaba dimensiones amplias ni intensidad aguda. De todas maneras, no dejaron de aparecer movimientos sociales novedosos, relacionados con la emergencia de cambios en las condiciones de vida. Pero tales movimientos no significaban una posición abierta a la modernización, sino más bien una actitud de refugio frente a las nuevas condiciones o de búsqueda de la restitución de las condiciones políticas previas, sin implicar un programa alternativo de sociedad. Se trataba de respuestas defensivas inmediatas, de escasas consecuencias por su incapacidad  de compactar a sectores amplios o heterogéneos. Más que responder a una contraposición expresa y acabada de proyectos políticos o sociales, los movimientos con mayor vitalidad tenían la característica de afirmar un sistema de vida y de valores que era percibido por los dirigentes del estado —y luego los oficiales norteamericanos de la Infantería de Marina— como contrapuesto a los objetivos aceptados de la acción estatal.

Este último rasgo se asoció, en gran medida, al hecho de que la relación conflictual de la masa trabajadora y campesina con la modernización se mantuviese en planos individuales. Se trataba, por supuesto, de una señal de continuidad de comportamientos propios de una sociedad precapitalista, en los que algunos pensadores de la época localizaban la quintaesencia de los males, el denostado individualismo.  Cada quien  trataba de eludir las presiones tributarias, buscaban la inserción mínima en el trabajo asalariado y, en general esquivaba las consecuencias del proyecto global de modernización, que en primer lugar comportaba la integración de la población a la lógica del mercado. Y, aunque los elementos del capitalismo avanzaban, la población tenía medios para escapar a las compulsiones estatales y del mercado, puesto que la todavía escasa rentabilidad del capitalismo y el no agotamiento de la frontera agrícola generaban escasa presión sobre la tierra, lo que permitía a cualquiera ocupar lugares baldíos.

A pesar de las aspiraciones de modernización que mostraban, burócratas e intelectuales no dejaban de tener conciencia de que no era dado presionar más allá de ciertos límites. Las élites gobernantes percibían que sus intereses pasaban también por la protección de la parcela precapitalista, como se infiere de las disposiciones de exoneraciones tributarias o de servicio militar concedidas a quienes sembraran café y cacao. Desde luego, no dejaban de conceder prioridad al desarrollo de la gran propiedad,  de preferencia extranjera, prototipo de la modernidad. Pero la incapacidad hegemónica, expresada en rivalidades sempiternas entre fracciones y en la imposibilidad de que el estado subordinara por completo a los agentes locales de poder, ratificaban una débil impronta de las funciones transformativas del aparato estatal.

Esa debilidad estatal motivó que los programas verdaderamente ambiciosos no pudieran pasar del papel o tuvieran ámbitos de aplicación modestos y frecuentemente distorsionados. Un ejemplo de la imposibilidad rotunda de aplicar un proyecto se tiene en la ley agraria inspirada por Emiliano Tejera en 1895, que encontró la oposición de los terratenientes tradicionales y los caudillos locales.  Por igual, la ley de caminos de 1907, que establecía un impuesto anual en trabajo, ofrece el ejemplo de una disposición que solo se aplicó de manera limitada. Las distorsiones se ejemplifican en la ley de partición de los terrenos comuneros de 1912, cuya aplicación dio lugar a tantos fraudes que, en vez de resolver el problema, contribuyó a agravarlo por la proliferación de títulos falsos.

Ante la precaria obtención de excedentes, el estado no lograba los medios para  emprender grandes obras que contribuyeran decisivamente a la valorización de la tierra y al fomento de la inversión y los intercambios.  Tras la irracional construcción del Ferrocarril Central Dominicano, concluido en 1897, el gobierno solo pudo agregarle un tramo, con el fin de conectarlo con Moca y, desde ahí, con el Ferrocarril La Vega-Sánchez.  Hubo que esperar al apogeo del gobierno de Ramón Cáceres (1906-1911), el único estable entre 1900 y 1916, para que se construyeran cortos tramos de carreteras desde Santo Domingo y se comenzara la mejoría de los caminos reales, a fin de que en algunos de ellos los vehículos pudieran circular durante la temporada seca.

En contraste con esta persistente impotencia, los norteamericanos procedieron a subordinar a todos los agentes locales de poder a las necesidades de un plan integral de modernización. Durante los años de la dictadura militar extranjera se adoptó una legislación que aseguraba la regularización de la propiedad privada sobre el suelo, se hicieron viables las concesiones de franquicias para los inversionistas, se extremó la presión sobre las masas y se impulsó un plan de obras públicas que trasformó la faz del país. Como era de esperar, la rapidez y fuerza con que operaron los invasores conllevó estremecimientos en diversos órdenes.
Esta capacidad ejecutiva no fue ajena al hecho de que durante la intervención militar se registraran cambios acelerados en la economía, cuya punta de lanza siguió radicando en el sector azucarero. Este pasó a gravitar de una manera mucho más potente gracias a una corriente de inversiones vinculada a los altos precios entonces vigentes en el mercado mundial. La casi totalidad del sector pasó a manos de corporaciones norteamericanas. Al tiempo que la industria azucarera provocaba la contratación masiva de mano de obra asalariada, con la consecuente incorporación de los trabajadores a una economía de mercado, se produjo en esos años una acusada carestía de la vida, dada la restringida importación de bienes hasta el final de la guerra mundial y la inflación generada por la elevación del circulante. El resultado fue un marcado empeoramiento en las condiciones de vida de las porciones proletarizadas de la población. A ello se agregó la desposesión generalizada de campesinos en la franjas de desarrollo del sector azucarero, sobre todo en la banda sur, desde Barahona hasta La Romana, así como en otros polos asociados a redes urbanas.

Fue este nuevo contexto lo que generó la emergencia de actitudes de resistencia frente a los intereses estatales y de las élites sumadas al programa de modernización. Los movimientos sociales estuvieron, por tanto, contextualizados por las modalidades de resistencia que presentaron segmentos variados de la población a los programas de modernización, que alcanzaron su cénit en esos años. En lo fundamental, empero, tales respuestas expresaban marcos sociales o regionales segmentados, pues no aparecieron las instancias que permitieran la convergencia de propósitos alrededor de un programa ampliamente compartido. A pesar de la intensidad de los cambios, la resistencia de los agentes sociales no llegó a erigir obstáculos cruciales para la aplicación del programa modernizador. Los afectados no pudieron trascender lógicas segmentadas y defensivas que dejaban amplios márgenes de maniobra a los norteamericanos.

Tuvo que acontecer que la reivindicación nacional en pos de la restitución de la soberanía compensara los planos dispersos en que se expresaban las demandas sociales. Pero la capacidad articuladora de las consignas nacionalistas solo tenía efectos parciales, resultado de lo cual no se produjeron finalmente conexiones entre algunos de los movimientos sociales más representativos. Las fórmulas más acabadas de la demanda nacional quedaron restringidas a sectores urbanos que persistentemente dieron la espalda a los movimientos que expresaban resistencia social. Se retroalimentó la tendencia en el seno de las clases populares a restringir sus demandas a los planos arriba considerados, aunque cobraran intensidad.

Estos desfases entre los mecanismos de resistencia quedan tipificados en los cincos tipos de movimientos sociales que emergieron durante la ocupación militar.

La respuesta campesina al estado

El primero de los movimientos sociales, desde el punto de vista de la oposición a los programas de modernización, fue la resistencia campesina a las presiones estatales. Aunque también se produjo una resistencia contra los términos desiguales del intercambio, esta no generaba una oposición activa, sino el fortalecimiento de la renuencia a la participación creciente en los mecanismos de mercado. El campesinado no estaba dispuesto a variar su patrón de producir lo estrictamente necesario para la supervivencia. Ahora bien, las reformas implantadas por los norteamericanos conllevaban presiones adicionales para obligar a la generación de mayores excedentes. Con tal fin se introdujeron tributaciones novedosas, como un impuesto a la propiedad territorial, que obligaba al pago anual de hasta 3% del precio adjudicado a la tierra, lo que obligaba a los propietarios a acrecentar la producción o bien vender la parcela. De la misma manera, la nueva ley de partición de los terrenos comuneros requería de sumas importantes para el pago de los trámites legales, exacerbó los fraudes y atizó los conflictos en el campo.

La medida más resentida fue la puesta en vigencia de la ley de caminos, según la cual cada adulto de sexo masculino debía trabajar cuatro días al año, que podían ser consecutivos de estimarse necesario, o bien pagar un impuesto en dinero de 2 pesos. Aunque se dejaba la opción de redimir el trabajo con dinero, esto no resultaba fácil a una gran masa campesina alejada de los focos de expansión del capitalismo. De manera que, como lo pone de manifiesto Pedro San Miguel, el impuesto fue concebido como una exigencia compulsiva de trabajo al campesinado.  La ley fue inicialmente aprobada en 1907, pero solo comportaba un día de trabajo por trimestre o el pago de un peso al año. Es evidente que se buscaba reducir en la medida de lo posible los costos de la construcción de carreteras, tal vez el aspecto más sobresaliente de toda su obra gubernamental.

El incremento de la presión tributaria sobre la masa campesina tuvo efectos reales porque los invasores diseñaron medios para compeler a grandes masas al cumplimiento de la ley. Entre otras medidas, se confeccionaron listas de “prestatarios” por parajes y se dispuso el apresamiento de los campesinos incumplidores; aun así, proliferaron las resistencias, como era la huida de las labores por parte de estos trabajadores forzados.

La mejoría del sistema administrativo, la capacidad de imposición de una fuerza militar extranjera y el propósito definido de construir largas carretera permitieron hacer efectivo el reclutamiento de amplias masas rurales. Antes de la ocupación, era frecuente que las autoridades no se atrevieran a adoptar medidas punitivas cuando las personas se negaban a trabajar. Los marines, por el contrario, se emplearon a fondo en la aplicación de castigos, procediendo a juzgar y a encarcelar a los infractores.

La resistencia a esta modalidad de presión tributaria se generalizó, adoptando tintes nacionales. En cada sección rural se contaban por centenares las personas que se negaban a abonar  sus contribuciones, lo que evidenciaba que los campesinos no estaban dispuestos a ser sometidos a un régimen generalizado de compulsión, ni a que recayeran sobre ellos los esfuerzos de obras que beneficiarían sobre todo a las capas dirigentes urbanas. Ante el riesgo de desórdenes mayúsculos —como amenazaban producirse— o incluso de respuestas sediciosas, los gobernantes extranjeros procedieron a atemperar las cargas.

Con todo, la oposición rural no traspasó el nivel de la resistencia individual; es por eso que San Miguel la califica de “menos conspicua”, al contrastarla con la lucha armada en el Este. Sin embargo, esa resistencia campesina a la presión estatal tenía una connotación de clase más definida que cualquier otra lucha agraria. No se trataba de una oposición política, en el sentido convencional, lo que explica el aislamiento del campesinado de la resistencia nacionalista urbana. En el mismo orden se puede entender que no condujera a una guerra clásica campesina; no obstante la oleada de expropiaciones y de ampliación del latifundio, se mantenía la trama de equilibrios sociales propios de la economía precapitalista, puesta de relieve por Bonó.  El incremento de relaciones capitalistas no descartó los mecanismos de reciclaje de la sociedad rural tradicional,  por lo que entre los proletarios agrícolas se manifestaron más bien fórmulas de “resistencia cotidiana”, de acuerdo a lo teorizado por James Scott,  como lo ha puesto de relieve Catherine LeGrand para el ingenio Ozama.  Fueron excepcionales los casos en los que la resistencia campesina frente a las expropiaciones tomó proporciones colectivas masivas, como sucedió en Campiña y Chavón Abajo a partir de los dos años finales de la intervención, debido a una litis entre dos compañías azucareras, el Central Romana y la Casa Vicini.

El liborismo

En la aldea La Maguana, casi en el piedemonte septentrional del valle de San Juan (zona suroccidental), en el verano de 1908, Olivorio Mateo, un lugareño conocido como Liborio, declaró estar investido de una misión divina, para la cual Dios le había conferido poderes sobrenaturales. De inmediato, se hizo muy conocido entre grandes contingentes de campesinos de diversos lugares del país, sobre todo de las comarcas circundantes a San Juan.

Liborio se dedicó a la curación de enfermedades, lo que le granjeó enorme popularidad, y hacía predicciones acerca de lo que acontecería en el futuro. Vinculándola a los avances técnicos de la época, anunció la emergencia de una edad siniestra, e que “no se conocería hijo con pai”;  tras esta caída, sobrevendría el retorno de Cristo y la realización de su reino en  la tierra, “el gozo general”.

Conjuntamente con su mensaje religioso, la prédica de Olivorio Mateo comportaba la reivindicación de una moral que rescataba los estilos sencillos y solidarios de la vida campesina, dotándolos de connotación religiosa. Sin que interviniera una contraposición deliberada con la cultura urbana, dicha moral reivindicaba patrones peculiares de la cultura campesina, como la no distinción entre lo sagrado y lo profano.  Por ello, el liborismo aceptaba la práctica de la poligamia por parte de las figuras connotadas y, ocasionalmente, actos de lo que se calificó despectivamente como “amor libre”.  Adicionalmente, los liboristas se organizaron en función de rituales y fórmulas esotéricas, conformando con rapidez una suerte de subcultura, en la cual se recomponían costumbres y mentalidades consuetudinarias.

No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades encontraran en la prédica liborista una expresión de “superstición” o “salvajismo”, una ocurrencia vergonzosa para el prestigio de la región.  Se hizo, pues, cuestión de principios destruir ese culto, porque se estimaba que ponía en peligro la estabilidad de la región. En la figura de Olivorio, con razón, se identificaba la emanación de un contrapoder.

El profeta fue apresado y procesado en 1909, bajo la acusación de ejercicio ilegal de la medicina, siendo descargado en Azua. Meses después, en 1910, se le volvió a aprehender, pero sus seguidores lo liberaron, puesto que estaban preparados para la ocurrencia y habían constituido una tropa militar que, según la tradición, estaba dirigida por criminales prófugos redimidos por el mesías. Tras esporádicas persecuciones y escaramuzas, el gobierno de Cáceres renunció a sostener el hostigamiento, llegándose a un entendido en 1911.  Por lo visto, a pesar de haber logrado imponer la paz, el gobierno central tuvo que aceptar una virtual autonomía local, con tal de que no se promoviera la insurrección.

De todas maneras, en la medida en que el liborismo se había orientado a resistir al hostigamiento estatal, se trasformó en movimiento social. Es cierto que no aspiraba a trasformar la sociedad y carecía de un programa dirigido hacia el estado; por el contrario, manifestaba el ya señalado instinto del campesinado de mantenerse alejado de la vida urbana. En otros términos, los liboristas no exponían un programa contestatario de tipo político. A través de la adscripción a una creencia juzgada por los detentores del poder como contraria a la civilización, exteriorizaban un estilo de vida y la disposición de defenderlo.

La emergencia del movimiento social, por lo tanto, no fue el resultado de la afirmación del estilo tradicional de vida, sino de su reacción defensiva frente a la agresión de que era objeto de parte de la cultura urbana de elite. Esa reacción se situó en un terreno cultural y no social-económico, ya que es llamativo que la región fuera la más atrasada del país en los indicadores de las fuerzas productivas. Cierto que en los años anteriores se habían producido cambios en dirección modernizante, como el fortalecimiento de las redes mercantiles debido a la instalación de comerciantes extranjeros, la fundación de los primeros potreros ganaderos y el inicio del control moderno de las tierras tras la construcción de canales de riego. Pero esas innovaciones no alteraron la reproducción de la unidad campesina.  La atracción por Liborio quedaba referida a su capacidad curativa, de la que se extendía un complejo de componentes espirituales que guardaban conexión con la mentalidad campesina.

En las siguientes guerras civiles, a pesar  de su vocación apolítica, Liborio se comprometió con las fuerzas del Partido Legalista, una de las formaciones caudillistas de mayor incidencia en la región. La figura preeminente de ese partido en San Juan era el general José del Carmen Ramírez (Carmito), quien decidió utilizar la popularidad de Olivorio Mateo.  La forma en que los liboristas procesaron el pacto —celebrando un supuesto lazo de compradrazgo entre Carmito y el maestro, lo que puede leerse como la alianza entre lo terrenal y lo divino o lo poderoso y lo humilde— indica que carecían de una voluntad expresa de contraposición social, siempre y cuando se les permitiese seguir celebrando su culto dentro de una virtual autonomía política.

Y eso fue, precisamente, lo que los norteamericanos no estuvieron en disposición de aceptar. A poco de proclamar el Gobierno Militar, en enero de 1917 enviaron una expedición de la Infantería de Marina a San Juan, acompañada de remanentes no disueltos de la Guardia Republicana, con el fin de apresar a Olivorio Mateo y sus acompañantes, bajo el cargo de negarse a acatar  la orden del desarme.

La negativa de los liboristas a entregar sus armas se puede interpretar en el sentido de que el componente terrenal del movimiento se había asentado sólidamente, constituyéndose en una especie de gobierno local paralelo. De acuerdo a versiones de los hechos, fueron los jefes militares encargados de la seguridad del profeta quienes lo conminaron a resistir y a no aceptar ningún ofrecimiento en paz.

Ante la amenaza militar, los liboristas se replegaron a las montañas, donde perpetuaron su estilo de vida durante cinco años, manteniéndose en un estado de insurgencia defensiva. Para sus cabecillas resultaba innegociable gozar de las atribuciones que les daba la posesión de armas de fuego, lo que se puede entender como la toma de conciencia de que con ellas garantizaban el respecto a sus prácticas. Solo desde ese ángulo adversaban el programa de centralización política que enarbolaban los norteamericanos. Siguiendo los parámetros definidos desde el principio de la eclosión del culto, parece seguro que Liborio no predicó contra los norteamericanos, aunque es posible que en algún momento los asociara con Satanás.

Es sintomático que, como parte de la mentalidad campesina, los liboristas no sacaran consecuencias políticas de la persecución de que eran objeto por parte de los invasores, pese a tener conciencia de que eran réprobos.  No parece haberse producido el mínimo interés de Liborio por conectarse al nacionalismo antiimperialista, que tenía en San Juan a un conjunto de jóvenes que, desde el periódico El Cable, lanzaba diatribas contra Liborio que no tenía nada que envidiar a las de los dominadores extranjeros. Tal vez hay que tomar en consideración que la región en que el mesías seguía recibiendo semanalmente a centenares de peregrinos era la menos expuesta a las trasformaciones promovidas por los norteamericanos. En sentido opuesto a lo que ocurría en el Este, la resistencia en el Sur constituía una variable dependiente del atraso estructural. Las elites intelectuales del suroeste, por tanto, no relativizaron su vocación por el progreso y vieron en el culto popular una traba afrentosa para la región.

Olivorio Mateo fue acribillado en la Cordillera Central el 27 de junio de 1922, lo que se consideró un sonado éxito para los ocupantes. Su cadáver fue expuesto en la plaza central de San Juan, con el propósito de que se borrara su memoria. Este objetivo no fue logrado, puesto que no tomaba en cuenta la dimensión religiosa del movimiento. Liborio había anunciado que sería asesinado, pero alertaba que en realidad nunca moriría y que retornaría. Varios seguidores declararon que había recibido el alma del profeta, lo que les permitió recomponer el movimiento, dependiente de la conducción por una figura dotada de carisma.

Ahora bien, aunque el culto se recompuso, desde el momento en que el mesías desapareció dejó de ser considerado una amenaza para el estado. Al cesar la persecución, los liboristas se restringieron a mantener el culto. La acción ulterior del liborismo expresaba así lo que ya estaba presente en la figura del maestro: la dualidad entre una contestatación implícita, producto de la afirmación de un sistema cultural, y una vocación conservadora de contemporización con el poder, producto de la misma cosmovisión cultural.

Los “Gavilleros”

Desde los primeros años del siglo XX, cada vez que se producían cambios de gobiernos, los caudillos locales respondían con una insurrección. La situación se agravaba por la frecuente ocurrencia de guerras civiles entre la agrupación política en el poder y los seguidores de la oposición. Todo ello motivó que el país atravesara una época de crónica inestabilidad política.

Esa constante situación de escaramuzas dio lugar a que estos caudillos, que se autodenominaban generales, obtuvieran un enorme ascendiente. Esto se debió a que, daba la debilidad del gobierno central, los caudillos se hicieron figuras preponderantes del sistema político en el escenario rural. Desde su posición de fuerza, ellos pactaban con liderazgos nacionales de base urbana, buscando consolidar sus posiciones y beneficiarse de ellas a través de prebendas gubernamentales.

Cuando estaban alzados contra el gobierno, esos caudillos en la condición de “revolucionarios”, para sobrevivir tenían que acudir a prácticas que los ponían en el filo del bandolerismo. Tal comportamiento se extremaba si quedaban aislados al frente de pequeñas partidas de irregulares. Esto se producía cuando no había un estado generalizado de guerra civil, situación esta en la cual los “revolucionarios” contaban con tropas poderosas y tenían que ser reconocidos por el gobierno como expresión de una fracción política.

Cuando enfrentaba insurgentes irregulares, el gobierno procedía a calificarlos de “gavilleros”, esto es, bandidos, a sabiendas de que obedecían a un móvil político, aprovechando los actos delictivos ocasionales que cometían. Esto no amilanaba a los insurgentes, quienes en todo momento seguían reclamando su condición de “revolucionarios”. En verdad, sus acciones no se asimilaban a las de bandoleros, sino a las de políticos que perseguían el poder. Ahora bien, el ejercicio del poder contenía múltiples facetas delictivas, lo que, en sentido inverso, facilitaba que los papeles entre el gobierno y la revolución fueran intercambiables.

Todas las tropas se basaban en la extorsión a los campesinos. Esto no impedía que los caudillos a menudo lograran postularse representantes de la comunidad por medio de sus dotes guerreras y su capacidad para comunicarse con los medios dirigentes urbanos. Su vínculo con la masa campesina se establecía por medio de relaciones primarias, que incluían prácticas tradicionales como el compadrazgo. Estos personajes fueron ganando tal protagonismo durante los primeros años de siglo, que fueron calificados por una porción de la intelectualidad como el peor de los males.  El laborismo, los caudillos no se proponían explícitamente impedir la modernización, a o ser en los puntos que contravenían su incidencia en el sistema político. Al menos formalmente, no cuestionaba los propósitos estatales; ahora bien, en sentido inverso, los calificados por una porción de la intelectualidad como el peor de los males.26 No cabe duda de que, en conjunto, constituían una fuerza formidable que estorbaba los programas oficiales de “paz y progreso”. En términos relativamente comparables con el liborismo, los caudillos no se proponían explícitamente impedir la modernización, a no ser en los puntos que contravenían su incidencia en el sistema político. Al menos formalmente, no cuestionaban los propósitos estatales; ahora bien, en sentido inverso los jefes nacionales tampoco podían vulnerar ámbitos de conveniencias de los caudillos menores, ya que en estos sustentaban su incidencia. En fin de cuentas, todos los dirigentes políticos nacionales se constituían en jefes de caudillos, a causa de las alianzas que entablaban.

Por eso resulta comprensible que, por encima de los intentos de centralización de los continuos aspirantes a dictadores, ninguno, con excepción de Cáceres, se propusiera desarraigar el caudillismo. A menudo esos presidentes efímeros habían desempeñados funciones de jefes locales de su parcela o una posición militar preeminente en su apartido. Parecía que el estado se había tornado impotente para someter a los poderes regionales, situación que contribuyó a la decisión de la ocupación militar, pues en esa situación de caos no era factible lograr una hegemonía de una fracción nacional que permitiese la aplicación de un programa de estabilización.

Muchos caudillos, como es lógico, se mostraron opuestos a la intervención, pues esta perseguía abiertamente minar las bases de su influencia. Pese a que la mayoría de ellos captaron que no era posible tomar las armas, su inconformidad con lo que acontecía era tan evidente que muchos fueron apresados como sospechosos de conspiración, tal como sucedió con el ya mencionado general Carmito Ramírez. En algunos lugares, se registraron esporádicos intentos de levantamiento, pero no tuvieron éxito, y los “revolucionarios” optaban por “presentarse”, a la usanza de antaño, o fueron eliminados al poco tiempo. Sin embargo, a diferencia de la pasividad a que se vieron forzados a la generalidad del país, en el Este varios caudillos se insurreccionaron tan pronto llegaron las tropas norteamericanas.

Tras la muerte del presidente Cáceres en 1911, esta región se había tornado en el epicentro del tipo de acción denominada “gavillerismo”, como se ha visto, la guerrilla irregular de jefes político-militares de raigambre rural contra el gobierno central. La polarización de la insurgencia crónica en la región no fue ajena al empuje de la modernización económica en la industria azucarera. La formación de masas proletarizadas y empobrecidas acrecentó la existencia  de contingentes disponibles para los caudillos levantiscos. La propensión a la “vagancia”, considerada en la resistencia campesina a las presiones estatales, se conectaba con la insurgencia. En segmentos considerables de los trabajadores emergía disconformidad con la disciplina laboral del capitalismo. La temporada de “tiempo muerto”, tras finalizar la zafra cañera, en verano y otoño, contribuía a  incentivar el atractivo por la guerrilla. En es contexto de convulsiones, cobraba cuerpo el delito común, a menudo en conexión directa con mecanismo elementales de formación de capitales. Al haber riquezas circulantes en las zonas rurales copadas por la plantación cañera, los caudillos insurrectos obtenían los recursos para sostenerse. Los agentes económicos vinculados a la plantación azucarera, como colonos, comerciantes y los mismos dueños de los ingenios, fueron compelidos a abandonar contribuciones a los alzados, una parte de los cuales pasaban a operar con modalidades mafiosas. Fue en virtud de estas peculiaridades que, en enero de 1917, varios caudillos, encabezados por Salustiano Goicochea, se negaron a rendirse ante los ocupantes. Algunos otros ya habían sido eliminados con prontitud, como Juan Calcaño. Al rendirse el jefe supremo, un mes después, fue sustituido por Vicente Evangelista, quien reunió una tropa de unos quinientos hombres que puso en jaque a los ocupantes.

Evangelista trató de inspirarse en un motivo político convencional, presentándose como embrión de un gobierno que rescatara la soberanía nacional. En realidad creía combatir contra un gobierno central más, lo que explica que aceptara el expediente de la “presentación”  a cambio de la gobernación de San Pedro de Macorís, siendo fusilado a las pocas horas de llegar a esta ciudad. Sus seguidores que habían sido teóricamente seleccionados para ingresar a la Guardia Nacional fueron arrojados a prisión, y los que se negaron a rendirse o se retiraron a sus hogares fueron sometidos a represión criminal. Los marines desplegaron una persecución terrible sobre todos aquellos sospechosos de gavilleros, sembrando el terror mediante crímenes, incendio de viviendas, violaciones de mujeres y torturas.

Al poco tiempo —inicios de 1918—resurgió la insurrección con más fuerza, hasta convocar cerca de 2,000 combatientes. Empero, a diferencia de la inicial compactación alrededor de Evangelista, en lo adelante los insurgentes quedaron divididos en múltiples cuadrillas, algunas de las cuales fueron prontamente aniquiladas. Ramón Nateras, uno de los viejos generales, quedó como el cabecilla más reconocido, pero con una tropa no muy superior a las de otros, como Mayito Reyes, Martín Peguero, Ramón Batía  y Cabo Gil.

Esta guerrilla coincidió con el apogeo de la expansión latifundista que practicaban las compañías azucareras y terratenientes dominicanos vinculados a medios mercantiles y burocráticos. Creció la pobreza de los campesinos cada vez más proletarizados.  Esto podría sugerir, a primera vista, que en la medida en que las compañías azucareras ya se habían apropiado de enormes extensiones de tierra, la insurgencia se conformó en contra de la desposesión y la proletarización. Las entrevistas practicadas, sin embargo, arrojan un balance concluyente que descarta la validez de tal hipótesis.

El mal llamado gavillerismo se estructuró al margen del problema de la tierra. Más aún, esos rebeldes no estorbaron la expansión del latifundio cañero, pues únicamente se preocupaban porque los ingenios y los grandes propietarios les abonaran las contribuciones periódicas que les permitieran sostenerse en los montes. De hecho, el estado de guerra en la región fue usado por lo especuladores inmobiliarios para apoderarse de muchos predios, como aconteció con la “reconcentración” de septiembre y octubre de 1918 que obligó a los habitantes de la zona rural a ubicarse en campos de concentración o ciudades, provocando que miles de ellos se vieran forzados a traspasar sus derechos sobre la tierra.

Aun así, se puede identificar el afianzamiento de articulaciones entre la estructura social regional y la insurgencia. Por una parte, se incrementó la proletarización, lo que ampliaba la masa disponible para la insurrección. Aumentaron las riquezas circulantes, lo que facilitaba la comisión de pillajes y extorsiones por parte de los alzados. El “gavillero” se asimilaba en gran medida a una tipología de la sociedad tradicional en decadencia: un humilde desarraigado, ubicarlo en resquicios laborales inestable, que se aferraba a los símbolos prevalecientes —como tener armas de fuego y acceso a varias esposas— mostrando una belicosidad enfática por defenderlos; se autovisualizaba, pues, como un “peleador”  o “gallardo”.  La presencia del dominio extranjero polarizaba una confrontación en el orden étnico-nacional contra los “blancos”.

Así pues, la desposesión de la tierra no era lo que conducía a la insurgencia. Aunque muchos rebeldes habían perdido su tierra o eran inmigrantes de otras comarcas del país, tenían otras motivaciones. Las frecuentes expropiaciones y maniobras fraudulentas con los traspasos de las tierras, a menudo producto de la venta voluntaria de derechos de los propios campesinos, motivaban que en general los perjudicados renovaran el comportamiento individual. Cada uno trataba de mantenerse en su predio o conseguir un espacio no reclamado, de preferencia en la misma región,  optando por emigrar a zonas más remotas, sobre todo en la Cordillera Oriental.

En todo momento el núcleo de la acción de los revolucionarios no traspasó al umbral de la política. Ahora bien, de ser originalmente la expresión de caudillos, la insurgencia se trasformó en un medio de autodefensa de quienes eran catalogados de sospechosos de colaborar. El movimiento de armado pasó, en consecuencia, a tener sentido en sí mismo, al margen de cualquier motivo político y social. Este giro, patente desde fines de 1918, en los momentos de su máximo esplendor, en la práctica lo despojó de las consignas nacionalistas que ocasionalmente decían esbozar algunos de sus líderes.

En la medida en que solo podían preocuparse por salvaguardar sus vidas, los guerrilleros tuvieron que extremar componentes delictivos en sus acciones. En ese orden, tuvieron que aceptar una presencia mayor de individuos cuyo objetivo podía radicar en acciones delictivas. Adicionalmente, como resultado del estado crónico de violencia, se ampliaron las partidas de bandoleros, algunas de las cuales podían ser confundidas con las de los guerrilleros que se proclamaban originalmente revolucionarios. Al final, las interpelaciones patrióticas contra el ocupante cayeron en el olvido y el movimiento guerrillero entró en una prolongada agonía degenerativa.

Esas características de la insurgencia tornan comprensible que no pudiera postularse como núcleo de una alternativa nacional a los ocupantes. El propio Gregorio U. Gilbert, participante en los primeros meses del movimiento y luego combatiente con Sandino en Nicaragua, quedó con una opinión adversa de Evangelista y muchos de sus compañeros, a quienes no reconocían talante patriótico.

Como producto de la situación descrita, los guerrilleros no lograron captar el apoyo activo de la generalidad de la población, a pesar de que esta resentía profundamente las arbitrariedades de los ocupantes. La interpretación mayoritaria entre lo pacíficos consistía en que había dos gobiernos en pugna, por igual culpables de violencias, ante los cuales era forzoso mantener una colaboración aparente. Para mucha gente se hizo imposible distinguir quién entre los alzados simplemente se dedicaba a robar o a violar las mujeres; a ello contribuyó el que no pocos integrantes de las cuadrillas insurgentes incurrieran en esas prácticas cuando se desperdigaban en pequeños grupos para abastecerse de alimentos.

Fue excepcional el comportamiento de Ramón Nateras, quien en su cantón en El Famiel hacía subir todos  los días la bandera mientras se entonaba el himno nacional.  De acuerdo a una versión recogida por un intelectual que vivió de cerca lo sucedido, Nateras intentó infructuosamente conectarse con intelectuales nacionalistas urbanos.  Más común fue el formato defensivo de jefes insurgentes honorables, pero sin preocupación política; tal parece haber sido el caso de Cabo Gil, quien operaba al norte de El Seybo, incapaz de abusos e intransigente con los delincuentes de toda laya, a quienes ejecutaba. Pero lo más frecuente era que se tratase de jefes con un origen político, que incurrían en acciones vandálicas de despojo o reclutamiento forzosos y toleraban que algunos de sus subordinados forzaran mujeres, como se ve en los relatos acerca de Martín Peguero o Juan Ubiera (Muñiñingo). En la zona de Higüey, extremo oriental de la isla, proliferaron bandas estrictamente criminales, que sembraban un terror indiscriminado, como la de José Piña, al grado que tuvieron que ser enfrentadas por los moradores armados de armas blancas.

Como ha sido ya analizado, a la guerrilla oriental le faltó sentido político de dirección, producto de la desconexión tajante respecto al mundo urbano. Aunque los nacionalista urbanos admiraban las hazañas de los “gavilleros” lo consideraban un movimiento cargado de bandolerismo, y los incluían en sus juicios peyorativos sobre la sociedad rural. La generalidad de la opinión pública urbana se mostró hostil a la insurgencia agraria, a pesar de tener como motivo de movilización política la condena de los desmanes de los soldados invasores.  La ausencia de un colectivo político-intelectual insurrecto, resultante en cierta medida de la falta de vocación subversiva entro los nacionalistas,  y sobre todo de sentido político moderno en la jefatura guerrillera, confinó al movimiento en marcos tradicionales, contribuyó a su parcial degeneración delictiva e impidió que de él emergiera un cuestionamiento de la ocupación que contuviera una propuesta de sociedad.

El gremialismo

Como ya se señaló, durante la ocupación se registró una combinación entre acrecentamiento numérico de los trabajadores y carestía de la vida. Esas condiciones favorables para el surgimiento de un movimiento obrero organizado se conjugaron con otras igualmente propicias, como la preocupación institucional de los ocupantes por regular los asuntos laborales y la conexión que entreveían los núcleos más estables de trabajadores urbanos entre las dificultades que padecían y el régimen de ocupación militar.

Poco después de producirse la intervención se amplió una tendencia que había resurgido meses antes, consistente en la fundación de gremios. No se trataba de sindicatos, sino de asociaciones por oficios, centradas en actividades de ayuda mutua.  Este objetivo de las asociaciones de trabajadores explica que organizaciones con propósitos todavía más restrictivos —como las logias de oddfellows, los clubes de obreros y artesanos y las sociedades mutualistas—  fueran las que lograron mayor arraigo, puesto que se ajustaban con más precisión a los horizontes mentales prevalecientes.

El gremialismo y las otras formas de compactación de trabajadores urbanos habían aparecido durante la dictadura de Heureaux (última década del siglo XIX), en gran medida incentivados por el dictador, puesto que permitían el control de los núcleos de trabajadores y la intermediación organizada en los eventuales conflictos. Los primeros gremios de oficios —zapateros, carpinteros, sastres, cigarreros, carreteros, chóferes, albañiles, carniceros, estibadores y otros— pasaron por etapas cíclicas de agonía y disolución con otras de recomposición.

Fue durante la ocupación militar que se generalizaron estas organizaciones y, sobre todo, surgieron mecanismos coordinadores. El hecho de que entre grupos de trabajadores se generalizara la organización es muestra de la emergencia de nociones primarias de un movimiento clasista. Tal giro puede atribuirse a la convergencia de tres factores: la expansión acelerada del número de asalariados a causa de la coyuntura de rápido crecimiento económico, la carestía de la vida, que expresó en protestas y huelgas sin precedentes, y la motivación nacional que politizaba la acción de clase.

Se trataba todavía de un movimiento precario, no ajeno a lo novedoso de la formación de núcleos definidos de trabajadores en las ciudades y sus orígenes rurales recientes. En realidad el gremialismo no surgió sobre todo entre trabajadores asalariados, sino más bien entre artesanos por cuenta propia o sustentados en mecanismos transicionales de subordinación de los asalariados.  En cualquier caso, se trataba de un movimiento bastante marginal, no concordante con las claves de conformación de la estructura social dominicana, todavía abrumadoramente rural. Frente a las decenas de miles de liboristas o las cuadrillas de centenares de “gavilleros”, los gremios contaban con membresías típicas menores al centenar. Comentaristas de la época denunciaban su limitada representatividad, al considerar que el movimiento servía para la promoción de los intereses de los líderes, muchos de ellos no originarios de la clase trabajadora.

De todas maneras, durante la ocupación militar norteamericana se produjo una ruptura clave, tanto por el número de gremios fundados como por su encuadramiento federativo. Primero aparecieron las federaciones provinciales y posteriormente, en 1920, se fundó la Confederación Dominicana del Trabajo. Para  ese año la afiliación ascendía a 90 gremios, que abarcaban a la mayor parte de cabeceras de provincia.  Estas fórmulas novedosas de organización apuntaba a una relación más amplia con la sociedad global que la que deparaba la práctica estrecha de gremios por separado. Ahora bien, la politización todavía presentaba alcances modestos, por lo que el movimiento gremial seguía atenido a una lógica corporativa estrecha. Un veterano de las luchas obreras es categórico en afirmar el contraste entre un mayor sentido de clase en tiempos previos y una mayor conciencia política posterior.  En lo fundamental la politización se redujo a los dirigentes y a un número restringido de miembros activos, que se contaban entre los sujetos más preparados de la clase, puesto que tenían a veces orígenes en la clase media o estaban dedicados a ocupaciones artesanales que no eran incompatibles con elevados estándares de cultura. Es revelador, sin embargo, que no se extendiera entre ellos una ideología de tipo socialista, que solo se dio en casos excepcionales y mayormente entre extranjeros. Esto es una señal de que la vigencia del movimiento respondía a la resistencia primaria de los trabajadores frente a la extorsión a que se veían sometidos.

La apertura del gremialismo hacia la sociedad se fraguó a través del acercamiento hacia el nacionalismo, llegando a quedar el naciente movimiento obrero en posición subordinada a la movilización nacionalista. Esa imbricación le dio especial fuerza, y contribuyó a que las demandas expresadas en huelgas pioneras contaran con una apoyo bastante entusiasta en medios urbanos de clase media.

Como ocurrió con el propio movimiento nacionalista, la connotación patriótica del movimiento gremial disminuyó al terminar la ocupación militar norteamericana. La generalidad del movimiento se retrotrajo a planos de apoliticismo gremial. De ahí que se hiciera funcional el atractivo de una parte de los líderes por establecer relaciones con la American Federation of Labor (AFL), de posiciones compatibles con el fenómeno imperialista. En el extremo contrario, la aparición de denuncias contra la AFL se asoció a la emergencia de precarias posiciones socialistas para finales de la  década de 1920, que sin embargo no parecen haber calado en la masa y ni siquiera entre las cúpulas de los gremios y federaciones.

En síntesis, el gremialismo no pudo lograr gran alcance y no traspasó el economicismo primario o quedó transitoriamente condicionado por la movilización nacional. Se trataba de un movimiento que expresaba alineamientos recientes, todavía precarios, ajenos a las mentalidades prevalecientes en las masas. En consecuencia, tuvo escasa incidencia social y todavía menor capacidad transformativa.

El nacionalismo


Después de un desconcierto desgarrador que dejó la intervención en la intelectualidad,  y que tuvo por reverso la indiferencia irresponsable del liderazgo político, que no advertía las consecuencias del hecho y seguía atenido a objetivos particulares inmediatos, surgió un movimiento político de nuevo tipo, que se centraba en la compactación nacional contra los ocupantes.

A pesar de que destacadas figuras de la intelectualidad asumieron funciones preclaras en la reacción nacional, esta no pudo tomar cuerpo de inmediato por los efectos de la ley de censura, que castigaba las críticas a la ocupación militar. Sin embargo, también es cierto que la efectividad de la censura constituyó una variable dependiente del desconcierto que se apoderó de la generalidad de los sectores más lúcidos frente a los problemas que se presentaban para la recuperación de la soberanía estatal. Una especie de indiferencia arropó a una porción del país, al tiempo que la burguesía comercial se sumaba a los anuncios de prosperidad que traían los precios altos  y las reformas de los ocupantes.

Inicialmente, la oposición urbana a la invasión quedó confinada a las gestiones diplomáticas y a las diligencias que realizaba el presidente depuesto Francisco Henríquez por movilizar a la opinión pública en varios países. Precisamente, producto de las críticas que se suscitaron en varios países latinoamericanos y España, fue que a fines de 1919 el gobierno de Washington accedió a atemperar la censura, lo que incidió de inmediato en reavivar la oposición a la ocupación desde inicios de 1920.

En ese momento, caracterizado por la prosperidad provocada por las exportaciones de azúcar, se constituyeron —o se reactivaron— en la mayor parte de los municipios del país las Juntas Nacionalistas. Se trataba de entidades que reunían a figuras tradicionalmente prestigiosas en el aspecto social o cultural, junto a sectores emergentes juveniles de la clase media, que les daban la tónica radicalizada.

Mientras tanto, los norteamericanos crearon una Junta Consultiva, compuesta por los jefes políticos tradicionales, con el fin de obtener un arreglo de desocupación favorable a sus intereses. La moderación de los políticos tradicionales fue desbordada por el nacionalismo militante, que se potenció mediante la creación de la Unión Nacional Dominicana (UND), en febrero de 1920. En particular, la nueva entidad se negaba a aceptar cualesquiera condiciones impuestas por los norteamericanos para proceder a la desocupación, con lo cual, a su vez, radicalizaba el propio movimiento nacionalista, que a través del presidente Henríquez había estado abierto a concesiones. Frente a las exigencias expresadas por el presidente estadounidense W. Wilson, ganó fuerza la consigna de la “desocupación pura y simple”, levantada por la UND.

A partir de la celebración de la Semana Patriótica, en mayo de 1920, se desató una movilización continua, con la cual la población urbana puso en claro su repudio al régimen militar. Paulatinamente se fueron crearon nuevas organizaciones, en las que sectores particulares, como mujeres y jóvenes, se sumaban a la campaña nacionalista. Se perdió miedo a la censura y la represión, resultado de lo cual fueron sometidos a prisión varios intelectuales, líderes obreros, periodistas y activistas del nacionalismo.

El liderazgo partidista tradicional se encontraba a la defensiva, lo que quedó de manifiesto en la aceptación de los resultados de la conferencia de Puerto Plata, de diciembre de 1921, donde se ratificó la intransigencia frente al requerimiento de los norteamericanos de que se reconociera el conjunto de sus actuaciones y de que quedaran misiones con funciones dirigentes sobre las fuerzas armadas y el sistema financiero.
Tras la reiteración de la negativa a las condiciones de los ocupantes, incluso tras ser atemperadas en el plan expuesto por el presidente Harding, de mediados de 1921, en marzo de 1922 el Lic. Francisco J. Peynado comenzó a exponer una propuesta de desocupación que de inmediato ganó la aceptación del gobierno de Estados Unidos y de los jefes partidistas. En junio de ese año, se produjo un entendido formal entre el gobierno de Washington y los dirigentes políticos, que dieron así la espalda a lo reconocido pocos mese antes en Puerto Plata.

El plan de Peynado estipulaba que el país reconocía expresamente solo una parte de las órdenes ejecutivas. También descartaba la presencia de misiones estadounidenses en el gobierno dominicano e introducía un mecanismo de transición, consistente en que los políticos notables designaran un presidente provisional que llamaría a elecciones; el triunfador en estas quedaría ya como presidente legítimo, encargado de regularizar las relaciones con Estados Unidos.

El Plan Peynado fue formalizado en septiembre mediante acuerdo con el Secretario de Estado de Estados Unidos Charles E. Hughes. Como es lógico, los nacionalistas lo rechazaron, aunque una porción de intelectuales se inclinó a aceptarlo, aun fuera con matizaciones. En esa posición incidió la constatación de que la oposición a dicho plan ya no obtuvo el mismo apoyo que en el caso de los anteriores planes Wilson y Harding. A medida que se perfilaba una solución que auguraba la desocupación, los nacionalistas iban quedando aislados. El partidismo tradicional volvió a copar las preferencias de la generalidad de la población, ya segura de que la desocupación era un hecho.

El nacionalismo comenzó entonces a redefinirse como una movimiento diferenciado, el germen de una nueva parcela política, lo que se consumó al crearse el Partido Nacionalista, en 1923, presidido por Américo Lugo, quien había sido la figura mentora de la UND. Se produjo una suerte de deslindamiento, que en cierta manera culminaba los perfiles del nacionalismo, este pasó a ser un movimiento con una doctrina que implicaba el rechazo al imperialismo en pos de la construcción de un estado nacional plenamente soberano, que garantizara el enrumbamiento del país por la senda del progreso. Estos propósitos se terminaron de definir con la publicación del programa del PN, redactado por Lugo.  El documento esbozaba el objetivo de una democracia que garantizara la autodeterminación nacional, basada en un sistema económico que articulara un sector capitalista sujeto a controles con un régimen generalizado de la pequeña propiedad. Así, los intelectuales recuperaban la tradición democrática y radical, al tiempo que buscaban medios de adaptación a las circunstancias, para estructurar un orden que garantizara el progreso y se hiciera compatible con la justicia.

Aunque las ideas nacionalistas tenían precedentes importantes, se habían mantenido confinadas al ámbito de la intelectualidad, por lo que, como movimiento, el nacionalismo había surgido como fenómeno inédito. Tuvo este carácter no solo por animar una movilización de masas contra la dominación extranjera que desplazó los enmarcamientos políticos tradicionales, sino porque también se introdujeron componentes ideológicos antes ausentes.

En todo caso, el nacionalismo osciló entre la consigna de retorno al viejo orden independiente, al margen de contenidos precisos, y la exigencia de que se estableciera un sistema novedoso, que permitiera la superación de la frustración sempiterna de las aspiraciones nacionales. En particular, sectores del nacionalismo se trazaron una perspectiva antimperialista, como parte de una radicalización que apuntaba a otras consecuencias. Pero la radicalización solo se produjo de manera parcial. En lo fundamental, el nacionalismo no trascendió las bases conceptuales de la tradición liberal, aunque las llevó posiblemente a sus consecuencias extremas.

Cuando, lograda la desocupación, perdió el favor de la mayor parte de la población urbana, el movimiento dejó de tener potencialidades transformativas. Ciertamente, fue el promotor de la desocupación, pero no pudo incidir en evitar la reinstauración del sistema de protectorado financiero. Aun así, representó lo más próximo a una propuesta de hegemonía nacional-popular, solo que restringida a los medios urbanos más politizados. Su influencia no pudo llegar a la masa rural, la cual, como se ha visto al analizar otros movimientos, seguía operando de acuerdo a parámetros prepolíticos. Y tal falta de eslabones entre la masa rural y el nacionalismo fue el factor determinante en la recuperación de vigencia de los políticos tradicionales, situándose el futuro presidente Horacio Vásquez como el garante de la continuidad del legado dejado por los ocupantes norteamericanos.

Los límites clasistas del movimiento nacionalista perfilaron su  posterior evolución. Los aspectos democrático-radicales quedaron supeditados a la búsqueda de la construcción de un estado autónomo, lo que implicaba tomar partido no sólo por el desarrollo capitalista, sino también por eventuales soluciones autoritarias. En fin de cuentas, la intelectualidad nacionalista no lograba dar solución al dilema entre autodeterminación y desarrollo económico moderno. Puesto que en lo fundamental no sometía a crítica el modelo de civilización de los países centrales, su nacionalismo encontraba límites que, por lo demás, contribuían a mantenerlo ajeno a las dinámicas de las clases populares.  No es de extrañar que buena parte de los intelectuales nacionalistas terminaran convertidos en funcionarios de la dictadura de Rafael L. Trujillo, que tuvo por uno de sus contenidos mantener la aplicación de los programas modernizadores de los ocupantes de 1916. Del nacionalismo tampoco pudo emerger una voluntad nacional-popular, como alternativa a los programas oficiales de modernización.  (Ecos, Año 6 (1998), No.8)



 

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